Primera Junta de Gobierno

Francisco Antonio García Carrasco fue el último gobernador del régimen colonial en Chile, asumió entre críticas dicho cargo el 22 de abril de 1808. Nunca fue aceptado a cabalidad por la aristocracia criolla, que era la que ostentaba el poder real en todo el país, y sólo le faltaba el gobierno. Lo acusaron de falta de tino y de “poco apto” para el cargo, lo que a la larga resultó cierto… Tuvo que renunciar en julio de 1810, debido a las presiones populares. Su puesto lo ocupó Mateo de Toro y Zambrano, un anciano poseedor de una de las mayores fortunas nacionales en esa época.

El nuevo gobernador, de 83 años, debió enfrentar presiones similares a las de su predecesor. El cabildo insistía en la necesidad y legitimidad de conformar una junta gubernativa, mientras que la Real Audiencia y algunos sacerdotes negaban la posibilidad de efectuar cambio alguno. Entre estos últimos sobresalió fray José María Romo, quien argumentaba que los planes de un nuevo gobierno eran abiertamente contrarios a las leyes y designios divinos. Desde el otro bando también se esgrimían argumentos de peso, como los expresados en el Catecismo Político Cristiano, cuyo autor se escondió bajo el seudónimo de José Amor de la Patria. Ahí se fundamentaban las ventajas y desventajas de los distintos tipos de gobierno y defendía la formación de una junta gubernativa.

El 25 de mayo anterior, en Buenos Aires, ya se había constituido una Junta que había dejado fuera al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, planteándose así un quiebre absoluto con el gobierno monárquico. Este gobierno autónomo se presentaba como un ejemplo a seguir.

Durante los primeros días de septiembre la incertidumbre se apoderó de la capital, incluso se dice que el día 10, Toro y Zambrano evaluó la posibilidad de juntar gente armada para sostener la autoridad del gobierno. El cabildo insistía en la necesidad de celebrar una asamblea para poner coto a la discordia que el tema suscitaba. El gobernador concordaba con ellos, pero cambió de opinión influido por la Real Audiencia, aunque pronto comenzó a mostrarse atraído por la posibilidad de una junta.

El 13 de septiembre el cabildo convino con el gobernador que convocase a los individuos más representativos a una asamblea a fin de examinar la situación y acordar las medidas más convenientes para restablecer la tranquilidad pública, eligiéndose el 18 de septiembre para efectuarla. Ese día la ciudad había sido puesta bajo un fuerte control militar desde la madrugada.

La concurrencia a la reunión del 18 fue de 450 personas representativas, exceptuando a los miembros de la Real Audiencia, que prefirieron no asistir. En la sala del Consulado, a un costado de los actuales Tribunales de Justicia en Santiago, se realizaría esta histórica junta…

Tomó la palabra el procurador general, José Miguel Infante, quien defendió la legalidad de la formación de una junta de gobierno. A continuación, el gobernador Toro depositó su autoridad en el pueblo para que éste adoptase la forma de gobierno más adecuada a las circunstancias y que respetando las leyes conservase el reino para Fernando VII, dejando en evidencia que no se trataba de un acto independentista permanente, sino de algo temporal en espera que el rey de España volviera a tomar sus posesiones. Acto seguido, la concurrencia decidió crear una junta que sería presidida por el mismo Toro y Zambrano, e integrada por José Antonio Martínez de Aldunate, Juan Martínez de Rozas, Fernando Márquez de la Plata, Ignacio de la Carrera Cuevas, Juan Enrique Rosales y Francisco Javier Reina. Como secretarios quedaron José Gregorio Argomedo y José Gaspar Marín. Y así quedó instaurada la Primera Junta de Gobierno.

La Junta tendría el carácter de un gobierno transitorio en espera de que se reuniese un Congreso donde tuvieran representación todos los habitantes del territorio. Los miembros de la Real Audiencia no tuvieron más salida que reconocer el nuevo gobierno, lo que ocurrió el 19 de septiembre.

Las tareas que emprendió el nuevo gobierno se encaminaron, en el plano de las relaciones exteriores, a estrechar los lazos con la Junta de Buenos Aires, lo que se llevó a cabo con el envío de un agente diplomático, Francisco Antonio Pinto, y además con la remisión de tropas al otro lado de los Andes para que auxiliasen a las fuerzas trasandinas en su lucha contra el virrey del Perú, Fernando de Abascal, con quien disputaban el control del rico territorio conocido entonces como Alto Perú (hoy Bolivia). Por otra parte, la Junta de Santiago ordenó que se iniciase la elaboración de un plan de defensa que contemplara la situación militar del territorio así como los medios para hacer frente a una potencial invasión francesa.

En materias comerciales, y dado que las guerras en Europa dificultaban el abastecimiento normal, en febrero de 1811 se dictó un reglamento que facilitó el comercio con España y las naciones aliadas de la madre patria, estableciéndose en todo caso algunas medidas de protección a los productos nacionales y liberándose de impuestos por un plazo determinado la introducción de una serie de elementos que eran considerados de vital importancia, tales como armas, maquinarias, libros, cartas geográficas, etc. Los puertos habilitados fueron los de Valdivia, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo, prohibiéndose toda transacción en cualquier otro o en las caletas y ensenadas, so pena de apropiación de las mercancías.

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